Este pasado miércoles 7 mayo, los países de la Unión europea han intentado llegar a un acuerdo sobre la repatriación de las personas inmigrantes, la llamada directiva europea de la “vergüenza”, sin conseguirlo. Es importante recordar que el proyecto de directiva ante la que el parlamento europeo ha de pronunciarse el próximo 20 de mayo aprueba las siguientes medidas.

La ampliación a un periodo máximo de internamiento de las personas inmigrantes en razón de haber cometido una infracción administrativa de estancia irregular en el territorio europeo, hasta 18 meses.

Certifica que ante la falta de centros de internamiento puedan ser ingresadas en prisiones aunque se encuentren en módulos separados.

Prevé el internamiento de menores de edad.

La prohibición de los expulsados de volver a la UE en un periodo de cinco años ( medida ya aplicada en el Estado Español).

Desde SOS Racismo Nafarroa consideramos especialmente grave la ampliación del plazo de internamiento en el Estado Español, porque representa apostar por una medida en esencia contraria a los principios del estado de derecho, ya que legitima la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito. No solo el gobierno español y la Unión europea no se plantean resolver esta vergonzosa situación contraria a los principios democráticos de los países europeos, sino que se proponen en nombre del control de la inmigración retroceder todavía más en el cumplimiento de los derechos de las personas inmigrantes. Recordamos que se está proponiendo aumentar el encierro de los y las inmigrantes en centros que han sido repetidamente denunciados por el incumplimiento de sus condiciones de salubridad, maltrato a las personas internas, y falta de transparencia, de criterios claros de regulación de funcionamiento y de información. Situaciones denunciadas en toda Europa incluyendo el estado español en reiteradas ocasiones.

Desde SOS Racismo realizamos un llamamiento a los-as europarlamentarios-as del estado español para que rechacen con su voto la aprobación de esta directiva, el gobierno español no puede ser cómplice y encabezar medidas de este tipo.

Así mismo mostramos nuestro apoyo a las iniciativas sociales que se están llevando a cabo para denunciar su aprobación, sumándonos al trabajo de otras ONG y movimientos sociales en toda Europa.

En definitiva, la propuesta de directiva “relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” es un instrumento que tiene por objeto construir una política común de expulsión de ciudadanos-as que se encuentran en situación irregular y que además “estandariza” las garantías procesales "a la baja” sin comprometer de forma eficaz a los Estados, lo que en la práctica provoca un vergonzoso retroceso de los Derechos Humanos en Europa.